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Reconocimiento de títulos universitarios en Uruguay: la imperiosa necesidad de avanzar

Reconocimiento de títulos universitarios en Uruguay: la imperiosa necesidad de avanzar

24 de febrero de 2018 | la diaria | enlace original

En la edición de la diaria del jueves 22 de febrero, Valeria España realiza un aporte relevante sobre la problemática que enfrentan los migrantes calificados en Uruguay, en particular aquellos que arriban al país con la expectativa razonable de tramitar y obtener el reconocimiento, total o parcial, de su título universitario. A partir de su experiencia personal, muestra las peripecias que atraviesa para obtener un reconocimiento, así sea parcial, de su título.

Algunas afirmaciones pueden sonarnos demasiado duras a quienes hemos integrado órganos de conducción en la Universidad de la República (Udelar)–como establecer que la institución flaquea y obstaculiza sistemáticamente la aspiración de las personas formadas en el extranjero de ejercer su profesión dentro de fronteras–, en especial porque parecen adjudicar una intencionalidad explícita en esa dirección y porque no reconocen diferencias, que existen, en el proceso de revalidación entre los distintos servicios universitarios.

Sin embargo, España señala con contundencia el resultante final de los procedimientos vigentes: en muchos casos se trata de años de espera, sin resoluciones firmes, sin certezas y sin posibilidad de integrarse a la vida laboral en Uruguay a partir del reconocimiento pleno de los conocimientos y acreditaciones obtenidos en universidades extranjeras. Su mensaje es claro y nos interpela. En varios casos, los procesos institucionales efectivamente actúan como un obstáculo a las aspiraciones de radicarse en Uruguay y ejercer una profesión.

El problema tiene varias facetas y dimensiones, cuya resolución no es sencilla pero sí urgente. Se constatan avances recientes, pero insuficientes. A continuación, ejemplifico con la experiencia de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), con el objetivo de reflexionar sobre respuestas institucionales globales.

El país a donde nadie venía…

El marco normativo que rige el procedimiento actual fue diseñado para otro país y otra Universidad, y cuenta con una peculiaridad: ubica en una Universidad la responsabilidad normativa de reconocer y revalidar títulos emitidos en el extranjero. En general, no son las universidades, sino otras instancias gubernamentales –ministerios de Educación– las que cuentan con la potestad de emitir juicios y resoluciones de esta naturaleza. En Uruguay, la potestad se ubica en la Udelar y no hay otra entidad pública con la acumulación de masa crítica suficiente para desarrollar la tarea.

La ordenanza sobre revalidación y reconocimiento de títulos es producto de una realidad en la que no había otras instituciones de educación superior públicas, y cuando el flujo de migrantes calificados que iniciaban el proceso era extremadamente bajo. En el caso de la FCEA, en 2010 se recibió sólo una solicitud de reválida. En 2017, las solicitudes de extranjeros fueron más de 50. Actualmente, es habitual que el Consejo de Facultad tenga entre dos o tres solicitudes a resolver por semana, en las que el peso de los migrantes venezolanos es importante, pero no son el único flujo que explique la magnitud que adquirió el fenómeno. Más extranjeros buscan desarrollar su vida laboral en Uruguay y esa es una buena noticia.

En 2015, desde el decanato de la Facultad se detectó que el tiempo de trámite de alguno de esos expedientes era excesivo, contándose en ocasiones en años. La anécdota personal de España era constatable en varios casos en nuestra Facultad.

Parte de la responsabilidad era interna. El procedimiento estipulado y los recursos humanos destinados a atender solicitudes respondían a la escasa demanda. Con rezago, se intentó y logró reducir los plazos promedio. Una de las prácticas que se incorporó fue ubicar en las direcciones de carrera la responsabilidad de responder en tiempo y forma las solicitudes, y se elaboró un protocolo administrativo interno –con el asesoramiento de la Dirección General de Jurídica y el apoyo del aparato administrativo– para asegurar que el trámite no termine “estacionado” en alguna de las etapas. Se introducen plazos perentorios para las respuestas que los docentes debemos brindar ante consultas sobre la conveniencia de revalidar ciertos cursos. En caso de no cumplimiento de los plazos, se asume una aprobación tácita. Por último, y no menos importante, se introduce un mecanismo de inscripción condicional a las carreras de grado de la Facultad para los extranjeros que han iniciado el trámite de reválida total o parcial, pero se presume que deberán aprobar materias adicionales para obtener el título. Este fenómeno es relevante para las carreras con títulos habilitantes, como la de Contador Público. Dados los requerimientos de conocimientos específicos del marco normativo local y de prácticas profesionales idiosincráticas, es un título cuyo reconocimiento total es prácticamente imposible. En este caso, se identificó un vector de materias que casi con certeza deberán aprobar para obtener el título, se habilita una inscripción condicional a la Facultad, a realizar y aprobar cursos. La inscripción condicional permite integrar al migrante a la institución, de manera que logre avances sustantivos mientras resuelve el trámite original de reválida. Por tanto, hay márgenes importantes para mejorar dentro del actual marco, pero no dejan de ser procedimientos ad hoc.

Avances y tareas pendientes en la Universidad: de la norma a la práctica

La preocupación por la reválida y reconocimiento de títulos ha sido expresada por varios colectivos y actores universitarios en los últimos años. Es cierto que no siempre trajo aparejados cambios en los procedimientos. No obstante, hay dos avances de distinta naturaleza que deben ser reconocidos.

Por un lado, la Ordenanza de Estudios de Grado organiza la oferta académica en base a créditos y no contenidos específicos, dotando de mayor flexibilidad a la transición entre distintas carreras de grado, dentro y fuera del país. Si bien las prácticas no cambian con la misma velocidad que la norma –subsiste cierta tendencia a preocuparse por contenidos taxativos para revalidar cursos y no en la acreditación de capacidades analíticas–, la ordenanza dota a la Udelar de un marco referencial flexible y práctico para procesar el reconocimiento de aprendizajes universitarios en otras instituciones.

Por otro lado, el Consejo Directivo Central aprobó recientemente un protocolo para mejorar la recepción e inicio de los trámites, que evitarán su demora por cuestiones formales. Es una decisión que muestra a las claras una vocación institucional de afrontar el problema. Sin embargo, un ajuste normativo parece también imprescindible para que el tratamiento brindado a migrantes extranjeros resulte amigable y no se transforme en fuente de frustración.

Si bien cada servicio universitario puede mejorar su gestión interna, es conveniente transformar la situación actual, con cambios en la ordenanza que obliguen a toda la institución. Es necesario estipular plazos obligatorios de respuesta y una responsabilidad académica por servicio única y definida. La ausencia de pronunciación sobre consultas específicas de departamentos, institutos y cátedras no puede extender los plazos de tramitación meses, cuando no años. Quien llega al país como migrante merece respuestas temporales razonables, en la dirección que surja del análisis serio y conceptual de sus antecedentes académicos.

No todos los títulos extranjeros tienen un equivalente con los emitidos por la Universidad, aún en áreas disciplinares afines. Por énfasis en contenidos diferentes o por una forma de articular el proceso de formación no comparable a las nuestras no es factible revalidar muchas titulaciones. Sin embargo, si algo debería estar ausente en la vida universitaria es la rigidez de creer que una formación académica y profesional adecuada se puede obtener por medio de un único camino: el propuesto por la Udelar. La senda natural ante la imposibilidad de revalidar un título –que equivale a considerar al postulante como egresado a todos los fines del ejercicio profesional– es emitir un juicio de reconocimiento del valor universitario. Esta posibilidad existe hoy, pero sólo cuando no hay ofertas comparables. Generalizar el mecanismo de reconocimiento permitiría acortar significativamente tiempos y habilitar a los migrantes a acreditar su carácter de profesionales. Parte del cambio implica que todo el sector público internalice que el reconocimiento de título implica la acreditación de conocimientos disciplinares en ciertas áreas. En el caso de los títulos habilitantes, el reconocimiento permite el acceso a ciertos espacios de ejercicio profesional, mientras que facilita el camino para señalar sin burocracia qué conocimientos adicionales, si fuera necesario, deberán acreditarse para acceder al derecho al ejercicio pleno de una profesión.

Acostumbrados a nuestra dimensión aldeana y a cambios lentos, nuestra capacidad de respuesta institucional como país y como Universidad no siempre es la adecuada. El fenómeno de la migración calificada se incrementó cuantitativamente y cambió cualitativamente. La Universidad de la República debe construir nuevos marcos normativos funcionales a esta realidad. Es un aporte importante para propugnar por una sociedad más rica, diversa, cosmopolita y amigable para los migrantes.